En un comunicado, los comerciantes aseguran que la rebaja en el pago máximo en efectivo provocará la fuga de consumidores a otros países vecinos que no aplican limitaciones tan bajas. Los consumidores aprovecharán sus viajes a Francia, Andorra, Italia, u otros países vecinos, para hacer sus compras, o incluso decidirán desplazarse expresamente fuera de España para adquirir determinados tipos de producto. Tal y como, recuerdan, ocurrió en Italia hace tres años.

Tras haber situado el límite de pago en efectivo en 1.000 euros y a la vista de que los consumidores viajaban a Suiza, Francia y otros países vecinos, el gobierno italiano decidió rectificar y en la actualidad el límite es de 3.000 euros. Por esta razón, las entidades de comercio creen que esta medida debería aplicarse de forma coordinada a nivel europeo, incluyendo Andorra, para evitar el desplazamiento de los consumidores a otros países.

Bancarización y víctimas colaterales

Además, las asociaciones consideran que la restricción favorece la bancarización de la actividad comercial y castiga al comercio, ya que obliga a los consumidores a utilizar tarjetas de crédito con el sobrecoste adicional de las comisiones correspondientes, lo que implica un aumento de coste para los comercios. A su juicio, este tipo de restricción no solo no ataca las situaciones de economía sumergida de forma efectiva, sino que tiene un efecto negativo en distintos sectores económicos: desde la hostelería a la restauración, pasando por el comercio, y afectando no solo a productos de lujo, sino también a menaje del hogar, electrodomésticos e informática, entre otros.