La Dirección General de Consumo, que informará a cada uno de ellos de sus incumplimientos y les asesorará para que su contenido se ajuste a la ley.

Las empresas detrás de estas comunicaciones comerciales también serán informadas de estos incumplimientos y de su responsabilidad al efecto, pero las autoridades de Consumo se reservan la posibilidad de realizar otras acciones, que podrían desembocar en sanciones económicas.

Este es el resultado de la investigación que ha realizado la Dirección General de Consumo, integrada en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, junto con las autoridades competentes en materia de protección del consumidor de las comunidades autónomas de Cataluña, Islas Baleares y Madrid.

Han examinado el contenido que publican más de 40 influencers, que cuentan con un gran número de seguidores y están activos en diferentes redes sociales y sectores como moda, viajes o estilo de vida, y la investigación concluye que de ellos tres de cada cuatro incumplen uno o varios preceptos de las normas.

La mayoría no utiliza las etiquetas que proporcionan las plataformas para indicar al lector que se trata de contenido publicitario, como por ejemplo "colaboración pagada".

Es importante tener en cuenta que la normativa europea en este ámbito se rige por la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece las prácticas comerciales desleales en el mercado interior. Esta directiva se transpone en España mediante la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

Las prácticas comerciales desleales se definen como aquellas que contravienen las exigencias de la diligencia profesional y perjudican o pueden perjudicar de manera apreciable el comportamiento económico del consumidor medio, o que, de alguna manera, distorsionan o pueden distorsionar el comportamiento económico del consumidor medio con respecto al producto.

En el caso de los influencers, es importante que sus publicaciones sean transparentes y no engañosas, y que se identifiquen claramente como publicidad si es el caso. Además, deben cumplir con las normativas específicas de cada país en lo que respecta a la publicidad en línea y las prácticas comerciales desleales.