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Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedINEl nuevo Código Penal, que será aprobado a principios de 2015, recogerá las enmiendas planteadas por las organizaciones empresariales destinadas a poner freno a los hurtos, ha dicho el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el marco del Seminario Aecoc de Prevención de la Pérdida desarrollado ayer en Madrid.
Catalá ha manifestado su compromiso de mejorar el marco jurídico para las empresas, adaptando también la legislación a las demandas de los ciudadanos.
En el seminario, Aecoc ha presentado los resultados de un estudio sobre la pérdida en la gran distribución comercial, elaborado en colaboración con EY.
El estudio señala que un 81 % de las compañías alerta de que los hurtos corren, en su mayoría, a cargo de bandas organizadas o ladrones profesionales, lo que confirma que el perfil de los ladrones se aleja del “hurtador famélico”.
Un 88 % de las empresas aseguró que el producto robado se destina a la reventa en mercados paralelos. Además, el valor medio de la mercancía sustraída se sitúa entre los 50 y 100 euros para el 49 % de los encuestados, y menos de 50 euros para el 30 %.
Los hurtos comerciales suponen pérdidas de 1.600 millones de euros anuales para las empresas del sector y representan un 0,8 % de la facturación global.
En cuanto a los hechos denunciados, más de la mitad de las empresas que han participado en el estudio, afirman que denuncian menos del 15 % de los hurtos. Según indican, la escasa efectividad de las condenas, es en un 71 % de los casos, es principal motivo por el que no lo hacen; un 58 % cita el excesivo tiempo en los trámites.
Según datos de Aecoc, las empresas dedican al año 400.000 horas a la gestión de este tipo de incidentes. Asimismo, un 80 % de las empresas del sector valora negativamente la eficacia del actual Código Penal. Las empresas de gran consumo coinciden en destacar que actualmente no se tiene en cuenta el agravante de la reincidencia, así como el elevado importe que debe tener el producto hurtado (400 euros) para considerar la acción como un delito en lugar de como una falta.
(Europa Press)
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